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Auscultación y Taller de Ingeniería, S.A., (ATI) continua con sus iniciativas en Investigación y Desarrollo, y amplia este horizonte con el soporte de la Comisión Europea. Junto con el Ministerio de Medio Ambiente, y su Dirección General Agua, así como contando con la imprescindible participación de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Ebro, ATI ha liderado la presentación de un proyecto para los fondos europeos denominados LIFE+, cuya finalidad es, entre otras, el desarrollo de la aplicación práctica de la legislación europea a los estados miembros, desde un punto de vista ambiental.

El proyecto supone la redacción de unas instrucciones técnicas que regulen los usos comunes especiales en el Dominio Público Hidráulico y la zona de policía de aguas.

Están claras las repercusiones que estas actividades como la navegación, las actividades forestales, y las obras, interfieren en la calidad del agua y en la calidad ambiental de los cauces y sus entornos. Por ello se hace necesario regular desde un punto de vista técnico las actividades recogidas en la legislación española.

El proyecto denominado Governance Framework to manage common special uses rivers and public domains applicable in Mediterranean rivers y cuyo acrónimo es BLUE RIVERS, tiene como objetivo fundamental la creación de un marco de gobernanza para la gestión de actuaciones sobre el dominio público hidráulico (DPH) y la zona de policía de aguas (ZP), que sirva para la sostenibilidad de estas actuaciones en el medio  natural de los ríos, para todas las cuencas españolas y exportable a las cuencas mediterráneas europeas, que son las que disponen de características climatológicas y geomorfológicas similares a las españolas.

En la aplicación del proyecto se esperan conseguir varios resultados sociales, económicos y de gobierno que, algunos de ellos se mencionan a continuación:

1.- Implantación de un Marco de Gobernanza común para todo el territorio así como la estandarización de los procedimientos.

2.- Mejora de la calidad de las aguas de los ríos, basada en la minimización de la actividad humana relacionada con los usos comunes especiales, así como mantener un principio conservador en la utilización de estas aguas y los recursos naturales asociados.

3.- Aumentar la protección sobre los ríos, sus cauces y sus entornos a través de mecanismos de control y seguimiento de los usos comunes especiales que se desarrollan en el DPH y la ZP.

4.- Pautar a través de la Instrucción Integral Técnica los mecanismos para el control y seguimiento de las autorizaciones de los usos comunes especiales.

5.- Se espera mejorar la integración entre la ciencia y la política en la elaboración de este plan de gestión, incluyendo también la implementación práctica de diferentes directivas, como por ejemplo:

  • Directiva 2000/60CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre, por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de política de aguas. (DMA).
  • Directiva 2007/60CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
  • Directica 91271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales.
  • Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
  • Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano .
  • Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE
  • Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior

6.- Implantar medidas para evitar una mayor dispersión de especies invasoras.

7.- Optimización de los aprovechamientos sobre el PDH orientado a la conservación del entorno, al bien de interés general y a la prevención de inundaciones, sobre todo en las limpiezas de cauce, cortas y podas de vegetación espontánea, extracción de áridos y obras.

8.- Mayor utilización y homogenización de los servicios públicos accesibles para el ciudadano relativo a los usos comunes especiales sobre el DPH y la ZP.

9.- Ahorro en el gasto público destinado a la limpieza de cauces y recuperación de márgenes de ribera.

10.- Recaudación más coherente impuesta sobre los usos comunes especiales, relacionado con el beneficio causado del aprovechamiento realizado y del coste de recuperación y conservación de los ríos y sus cauces. Aplicando el principio de quien contamina paga.